Gabriel Ordóñez Nieto
En medio de un grave conflicto interno y a pocas semanas de haber asumido el cargo, el presidente Noboa ha presentado, en dos partes, preguntas para consulta popular. Un total de veinte están en manos de la Corte Constitucional para cumplir la obligatoria fase del dictamen constitucional.
El presidente y su equipo de trabajo han considerado fundamental para la marcha del estado proponer, en primera instancia, preguntas para reformar ciertos artículos del COIP con la intención de enfrentar la inseguridad, promover el empleo y reactivar el funcionamiento de los casinos suspendidos por una consulta popular impulsada durante el correato.
Las primeras reacciones ante estas preguntas fueron de rechazo pues se adujo que ya existían suficientes disposiciones en los cuerpos legales vigentes y por tanto no hacía falta consultar al pueblo sobre esos puntos. Se dijo también, que no hay impedimento para que las fuerzas armadas intervengan en la ola terrorista desatada en el país. La pregunta sobre casinos parece estar direccionada y en verdad no hace falta volver sobre este asunto.
El segundo bloque de preguntas tiene mayor trascendencia porque se insiste en la extradición de ecuatorianos de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley . Otra enmienda constitucional apunta hacia la extinción de dominio, la siguiente toca un tema sensible como el de la minería ilegal en ciertas provincias del país. La pregunta orientada a lograr que se modifique la constitución para que el ejecutivo pueda remitir proyectos para tratamiento urgente en la asamblea nacional, sobre temas que interesen al país y no solo los de carácter económico. Esto de ser aprobado concedería mayor dinamismo al trabajo de la Asamblea Nacional y permitiría al presidente enviar proyectos de ley necesarios para rehacer la tambaleante institucionalidad.
Otro tema interesante es el relacionado a la concesión de indulto presidencial antes de una sentencia a policías y militares. Otra que toca un tema de interés general es aquella que busca legalizar la contratación a plazo fijo y por horas. Este punto tendrá una feroz oposición de las centrales de trabajadores pero, claramente resulta necesaria, para ampliar las posibilidades de trabajo para los ecuatorianos, sin que se pierdan derechos como la afiliación al seguro social y otros.
Veinte preguntas son excesivas, casi nadie leerá los anexos y votará si o no siguiendo la costumbre de consultas anteriores y se convertirá en un plebiscito sobre la popularidad del presidente, algo que debería evitarse a toda costa.
Los operadores políticos de la presidencia y de la asamblea deberían alcanzar que la mayoría formada para darle gobernabilidad al país funcione a cabalidad. Para el efecto podría acordarse que las preguntas orientadas a modificar leyes vayan a la asamblea con el compromiso, la obligación de tratarlas en un plazo no mayor a 60 días puesto que se refieren a disposiciones puntuales. Las preguntas que buscan enmendar la constitución pasarían a consulta popular.
Esta propuesta a más de reducir el número de preguntas daría la certeza de que la mayoría se formó con el propósito cierto y firme de legislar en favor del país y no solo para captar dignidades de la asamblea y escandalizar con fiscalizaciones que a nada bueno conducen. La Corte Constitucional, desde luego, jugaría un papel muy importante en viabilizar esta propuesta.
13 de enero de 2024
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