Señor Doctor
Mauro Andino
Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional
De mi consideración:
Su importante exposición mediática de los últimos días, gracias a los desaciertos que contiene el COIP, ha permitido a los ecuatorianos conocer sus puntos de vista sobre el cuerpo legal que se tramita en la Asamblea Nacional. Usted como ponente de la ley ha defendido, como es natural, su proyecto de las numerosas críticas surgidas desde los distintos estamentos de la opinión pública. No se puede culpar a los médicos de boicot a su trabajo por haber dado a conocer de una manera pacífica, pero firme, su desacuerdo con los artículos que criminalizan su actividad noble y altruista, no exenta de riesgos, dificultades, errores y equivocaciones de buena fe, como los cometidos por la Asamblea Nacional, por los que nadie ha solicitado ni cárcel ni sanciones.
No se logra entender como una constitución alabada al máximo en la época de su aprobación, sobre todo, por transformar el estado de derecho en un moderno estado de derechos, ha sido tan mal interpretada por quienes tenían y tienen la obligación de ofrecer leyes complementarias encaminadas a garantizar la vigencia plena de esos derechos como parte sustantiva del buen vivir. No se entiende, insisto, como se pueden crear códigos tan punitivos que, sin duda alguna, crearán un marco de temor y miedo dentro del cual será imposible vivir con alegría porque a cada paso se sentirá una libertad condicionada y la zozobra de sufrir prisión preventiva o recibir sanciones casi por cualquier cosa.
La situación se torna dramática cuando se refiere a la mala práctica profesional. La redacción del artículo deja ver un claro direccionamiento contra los profesionales de la salud, estos son los únicos que en el cumplimiento del deber objetivo del cuidado pueden causar lesiones o la muerte no intencional de una persona.
Las Ciencias Médicas, Dr. Andino, no son ciencias exactas y evolucionan de modo constante a una velocidad de vértigo. La aplicación de protocolos debe tomar en cuenta los requerimientos de los enfermos y las características propias de cada ser humano (no hay enfermedades hay enfermos reza un viejo aforismo). El ejercicio médico se fundamenta por principio en la no maleficencia y establece un compromiso de orden ético más que jurídico. La relación médico paciente es única e irrepetible por el peculiar contenido humano y moral de los intervinientes.
Los profesionales de la salud no pueden garantizar resultados porque la enfermedad es producto de numerosos factores del medio ambiente; de la estructura y reproducción social no controlables por el personal de salud y porque cada sujeto tiene su propio entorno socioeconómico y cultural, su peculiar ritmo para enfrentar las enfermedades y buscar ayuda, una dote genética que no se repite y un patrón de respuestas propias, algunas impredecibles. A lo máximo que pueden aspirar es a un buen resultado, a no dañar más de lo que dañaron los males y ayudar, en situaciones extremas, a bien morir (¿esto también será criminalizado?)
Usted ha dicho que corresponde legislar de modo general y yo estoy de acuerdo. Unos pocos números me ayudarán a situar donde se encuentra la gran mayoría de ecuatorianos, potencialmente afectados, por un código punitivo como el que se tramita en la asamblea nacional. El país tiene 56 mil médicos aproximadamente, 12 mil licenciadas en enfermería, 2 mil obstetrices, unos 5 mil odontólogos que suman 75 mil profesionales que junto a sus familias llegan a ser 450 mil personas, por lo menos, que vivirán, de una o de otra manera, bajo la amenaza desestabilizadora y permanente de un código penal en extremo sancionador. Del otro lado, en el supuesto no consentido, de que se produzcan 200 casos de “mala práctica” en el año habrá unos mil afectados si tomamos en cuenta a sus familias. No quiero decir con esto que no tengan derecho a reclamar y exigir reparación de los daños ocasionados por impericia, imprudencia o negligencia de los profesionales. No, no a la impunidad. Si al conocimiento imparcial y justo de los hechos pero en el ámbito jurídico adecuado que, en muchas partes del mundo, se inscribe en el campo civil y/o en el Código de la Salud.
No puedo dejar de mencionar a los miles de estudiantes de medicina, enfermería y más disciplinas afines que han salido respetuosamente a las calles a manifestar su preocupación por la posible vigencia de un código con disposiciones que también les afectaría pues durante su formación es necesario tener alguna práctica que no está libre de causar, una que otra lesión, penalizada con días o semanas de prisión. No todo se aprende en los centros de simulación, siempre habrá una primera vez no exenta de potenciales complicaciones aun cuando exista supervisión.
Para calificar en debida forma la magnitud y naturaleza de los hechos las sociedades con recorrido en esta materia han creado una instancia prejudicial llamada de distintas maneras. Escojo como ejemplo la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de México, creada por Decreto Ejecutivo en 1996 como un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud con plena autonomía técnica para emitir opiniones, acuerdos y laudos. Esto obviamente no le confiere la calidad de tribunal de excepción como usted ha mencionado, en más de una ocasión. El objeto de la comisión es el de contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos y los prestadores de dichos servicios. Define con claridad quienes son los usuarios y quienes los prestadores.
Tiene como atribuciones las siguientes: brindar a todos asesoría e información sobre sus derechos y obligaciones; recibir, investigar y atender las quejas presentadas por los usuarios de servicios médicos, por la posible irregularidad en la prestación; recibir toda la información y pruebas que aporten las partes en relación a las quejas planteadas y solicitar y practicar las diligencias que sean necesarias para aclarar el caso. Puede también intervenir en amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios médicos por alguna de las siguientes causas: probables actos u omisiones derivadas de la prestación del servicio; probables casos de negligencia con consecuencia sobre la salud del usuario y fungir como árbitro y pronunciar los laudos que correspondan cuando las partes se sometan expresamente al arbitraje. En fin, no deseo abundar más en el contenido del decreto porque, con todo respeto, se lo envío anexo a esta carta en formato pdf. El documento contiene muchos detalles sobre su composición, funciones y atribuciones. No está por demás indicarle que con el tiempo ha sufrido modificaciones que lo han ido perfeccionando y adecuando a la cambiante realidad de la medicina. Sirve, en todo caso, como una referencia, si tocare crear una instancia similar en nuestro país.
No legisle por presión de los médicos como ha dicho en reiteradas ocasiones. Nosotros no estamos pidiendo nada descabellado. No defendemos la impunidad. Deseamos y queremos un marco jurídico justo que permita trabajar a los médicos con alegría, con responsabilidad, con dedicación, con amor al prójimo sin que pese sobre nuestro accionar la prisión preventiva para investigaciones. Es una pena que no tenga vigencia plena la presunción de inocencia sobre la presunción de culpabilidad. A nadie le gusta perder la libertad, menos cuando existe una justicia parsimoniosa, lenta, recargada de causas y juicios de toda índole, a donde irían a parar los conflictos en los que por desgracia caigan profesionales de la medicina. El aporte de una comisión como la propuesta en líneas anteriores sería enorme para apuntalar las mejores y más oportunas soluciones a los conflictos.
No es indispensable, Honorable Asambleísta, encarcelar a un médico para sancionarlo de modo severo. La suspensión de su licencia puede terminar su carrera. La ventaja de este castigo, si es que así puede llamarse, es la libertad para dedicarse a cualquier otra actividad para responder por su familia. Someterse a exámenes para recuperarla (vía de recertificación) es una tarea ímproba en una época de acelerados, muy acelerados, avances de la medicina y masiva incorporación de tecnología.
El Señor Presidente de la República ha solicitado encontrar el justo medio mismo que en mi opinión de médico con 42 años de ejercicio se ubica en el punto que permitirá un ejercicio médico alegre, probo, comprometido, ético, sensible, eficiente y científico con un marco jurídico que garantice servicios de salud de calidad, hospitales calificados, equipos de última tecnología, medicamentos suficientes, probadamente buenos con profesionales que respondan por sus actos sin ser tratados como delincuentes o criminales.
Muy atentamente,
Gabriel Ordóñez Nieto
Past Presidente del Colegio Médico de Pichincha
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