El país atraviesa una situación crítica en lo económico y lo político sin olvidar problemas como la inseguridad y las secuelas que han dejado el crudo invierno y la invasión de Rusia a Ucrania. Todo configura un panorama sombrío para la estabilidad democrática del país gobernado por un presidente titubeante que no se decide a tomar las medidas más adecuadas para tener un respiro, por lo menos, mientras la clase política sedimenta sus ambiciones y el pueblo identifica a quienes de manera obstinada y cruel obstaculizan todas las iniciativas para cambiar el orden de cosas imperante, en un país que literalmente se cae a pedazos, dando pasos en el propio terreno debido, sobre todo, a la visión anquilosada de grupos autocalificados de progresistas, incapaces de aceptar los cambios generados por la modernidad, la globalización y la tecnología.
Convertido en un estado de derechos, tiene un derecho suigéneris, el derecho a la resistencia que debería entenderse como la “renuencia a hacer o cumplir algo” y no como el derecho a paralizar ciudades o el país con el pretexto de oponerse a decisiones tomadas por la autoridad constituida de manera legítima, ni como el derecho a impedir el trabajo y la movilidad de los miles de ciudadanos que no están de acuerdo con estas medidas.
En Cuba, paraíso socialista, fueron juzgados y sancionados con cárcel, hace poco, los que se atrevieron a discrepar y protestar. Se ve que en este país está anulada la protesta, el derecho a la resistencia no existe y menos, mucho menos, la libertad de atacar bienes patrimoniales, secuestrar o incendiar edificios.
Este derecho es utilizado por los asambleístas de mayoría que de modo sistemático, sin leer los proyectos de ley, sin comprender las necesidades del país, se oponen a todo sin conocer contenidos, sin valorar su importancia y lo más grave sin discutirlos ni debatirlos consignan su voto negativo solo por dar rienda suelta a su ignorancia y sed de poder mal habido. Se resisten a su modo, pero se resisten violentando la Constitución y las leyes.
El presidente buscará y encontrará la forma de ejercer su derecho a la resistencia. Ha mencionado ya que gobernará modificando y actualizando reglamentos y con emisión de decretos. ¿Cuál será el resultado de este toma y daca sostenido y alimentado por irresponsables ubicados con claridad en todas las funciones del estado? Lo predecible, si se toma este camino, será el desfile de autoridades, una tras otra, para someterlas a juicio político y destitución.
El señor presidente está lejos de ser el estadista que el país requiere en las actuales circunstancias. No está dispuesto a los renunciamientos que debe adoptar en beneficio de la patria, está lejos de los que han entregado sus vidas en esta lucha fratricida que les negó prosperidad, salud, educación y más derechos escamoteados por el uso indebido de una constitución tramposa y el uso abusivo de ciertos derechos sin cumplir con los respectivos deberes y obligaciones.
El Señor presidente, no debería aconsejar que se “desahueven” si no está dispuesto a tomar el toro por los cuernos, sacudirlo y extirpar los males que ponen a la democracia al borde del abismo, aun a costa de su propio cargo. La muerte cruzada es una medida extrema, tiene sus riesgos pero si se rodea de ecuatorianos probos, políticos honestos y logra, en los seis meses que le tocará gobernar por decreto, afianzar condiciones favorables para la economía, seguridad, salud y educación el futuro sería más promisorio del que vaticinan los infaltables agoreros del desastre.
Gabriel Ordóñez Nieto
Quito, 30 de marzo de 2022
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