Discapacidad y Corrupción

A nadie debe quedarle duda acerca de la necesidad que tienen las personas con discapacidad verdadera y permanente de contar con beneficios otorgados por la sociedad y por el gobierno. Nadie discute esta realidad. Lo que está en entredicho es el trabajo de la Asamblea Nacional para dictar leyes claras, seguras y sin vacíos legales, que al ponerse en vigencia sirvan de modo efectivo a quienes padecen limitaciones orgánicas o intelectuales sin ser víctimas de los pícaros que pululan en las diferentes instancias de la administración pública y en la población general.

Los escándalos publicados en estos días son muy lamentables, dejan al descubierto tremendas falencias tanto en el conocimiento como en la práctica de la ética de la virtud que asegura una vida buena, feliz y con significado. Así se guarda armonía con el entorno, los semejantes, con el universo y, para los creyentes, hasta con lo divino.

Los sujetos embarrados en la obtención fraudulenta de carnés son dueños de una estructura moral podrida, si la tienen. También los profesionales que se prestan, por el motivo que sea, a certificar daños inexistentes o magnificar problemas menores merecen castigo y repudio. Las autoridades tienen la obligación de investigar, establecer las responsabilidades y sancionar con todo el peso de la ley a todos cuantos abusaron de las facilidades que otorga el marco jurídico vigente en la materia y acelerar la concesión del documento a quienes lo necesitan, en particular a los de recursos económicos limitados.

Es un error consignar en el carné el frío porcentaje de la discapacidad acompañado de una escueta calificación de física, intelectual, visual, auditiva, etc. Debería especificarse la actividad o actividades que están limitadas o no las puede realizar y puntualizar los beneficios a los que tiene derecho, no es dable, que alguien con disminución de la capacidad auditiva importe vehículo de alta gama con exoneración de impuestos, en lugar de recibir ayuda para superar o aliviar la deficiencia. Esta debe ser la conducta apropiada para todos aquellos que tienen discapacidad mejorable o manejable con adecuada aplicación de los recursos médicos y tecnológicos actuales.

En este tema sensible, la aplicación de sanciones debería estar reglamentada con toda claridad como ocurre con las infracciones de tránsito. La sola y certera constatación de la falta merecería una sanción para evitar las interminables investigaciones que hace el país sin lograr culminar un buen número de ellas. En todo caso conceder derecho de apelación y revisión de la sanción.