Gabriel Ordóñez Nieto
El decreto del presidente Lasso que eliminó el examen de la SENESCYT para seleccionar, de entre miles de postulantes, a los bachilleres que continuarán los estudios universitarios no resulta del cumplimiento de una oferta de campaña, es producto de presiones inconfesables ejercidas durante las violentas marchas y protestas de junio pasado.
En modo alguno constituye un beneficio o un paso adelante para la estancada educación superior ecuatoriana. Apenas un par de instituciones se mencionan entre las más destacadas del mundo ocupando lugares, ciertamente, secundarios.
Es verdad que todos los jóvenes tienen aspiraciones y desean seguir determinadas carreras pero, una cosa es el deseo y otra tener y demostrar las aptitudes para responder a las exigencias y rigores que imponen las ciencias y los conocimientos actuales. Todos los seres humanos son iguales ante Dios y ante la ley pero, en todo lo demás, cada uno tiene habilidades, talentos y potencialidades que, bien orientados y aprovechados, generan satisfacciones y logros que apuntalan una vida productiva y feliz, en lugar de desempleo, desocupación y frustraciones que obligan a cientos de profesionales, con título bajo el brazo, a desempeñar labores que nada tienen que ver con lo aprendido durante su etapa formativa. El gobierno, el propio estado, no tienen capacidad para absorber todo lo que producen, año tras año, las universidades del país. Lo mismo sucede con los que retornan formados en el exterior.
El ESTADO EMPLEADOR no existe ni siquiera en la esfera socialista, Cuba por ejemplo, exporta profesionales de la medicina en condiciones nada favorables para ellos. Toca prepararse para el libre ejercicio y los emprendimientos que deberían ser auspiciados y apoyados por el estado, la sociedad civil y la ciudadanía en general propiciando y diversificando al máximo las ofertas educativas, la calidad de la educación en todos los niveles y la dotación de herramientas tecnológicas para incursionar con éxito en el mundo laboral moderno que ofrece opciones numerosas y distintas a las tradicionales.
Pero ¿Cómo alcanzar el objetivo de convertirlo en una obligación? ¿En un deber? Una vía es la de los incentivos. Las familias pobres del campo o de la ciudad podrían recibir un bono solidario mayor para que cumplan la obligación de enviar a sus hijos a la escuela que ofrecerá a su vez asistencia alimentaria. Reactivar el programa de salud escolar a cargo de los centros de salud para evitar la cronicidad de ciertos padecimientos.
La educación para la salud debería ser materia transversal y obligatoria para que aprendan higiene personal, autocuidado de la salud y participación en programas preventivos de interés comunitario. Se debe estimular el amor a sus terruños y el arraigo productivo subsidiado para mejorar la agricultura nacional. En fin, el gobierno puede contratar asesorías calificadas para desarrollar más y mejores ideas que las expuestas. Los recursos deben obtenerse a través de la eliminación de subsidios regresivos e innecesarios, incluido desde luego el que se destina a los combustibles.
La evaluación es el ¨talón de Aquiles¨ en la educación del país. Toca mejorarla de manera que valore el aprendizaje de forma global y no parcialmente la memoria, como sucede, con los exámenes de selección múltiple que se prestan, además, a la invención de formas ingeniosas de fraude. Es fundamental que el sistema propicie la evaluación del razonamiento y la creatividad desde las etapas tempranas de la educación de manera que se pueda orientar a niños y jóvenes hacia la selección de los estudios más ajustados a sus habilidades y talentos.
La evaluación debería abarcar lo cognitivo y emocional, lo volitivo, aptitudes y destrezas.
La educación gratuita consta como un derecho en la constitución, pero no es una realidad para todos en ninguna parte debido a profundas inequidades que obliga a muchos, niños inclusive, a trabajar en tareas mal pagadas y hasta peligrosas. Se debería pensar que la escolarización es un deber, una obligación de las familias, por lo menos hasta completar 10 años de estudio.
La educación es la causa primera y la explicación cimera del desarrollo y progreso de los pueblos.
La eliminación de la prueba, señor Presidente, es un medio paso adelante, una ganancia, para quienes desean volver al libre ingreso y con ello al deterioro irreversible de la educación superior, a los tiempos en los que se dictaba clase en salones enormes, repletos de jóvenes que escuchaban a un profesor que utilizaba megáfono y pese a ello desde las últimas filas le gritaban “no se oye”. La masificación fue una experiencia negativa y debería evitarse a toda costa.
Una alternativa es abrir carreras técnicas en institutos de educación superior gratuitos a los que accederían los jóvenes sin dar prueba de ingreso y alcancen un título terminal, ingeniero uno, por ejemplo. Esto satisfaría sus aspiraciones y podría emprender con buenas posibilidades de éxito en el mercado laboral, lejos de las carreras tradicionales.
En fin la situación es compleja pero es necesario, urgente e indispensable, intervenir en la educación para mejorar la situación de todos y evitar levantamientos injustificados, violentos y destructivos.
Quito, agosto 17 de 2022
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